Tal como lo hice ante el Poder Ejecutivo, he presentado ahora ante el Senado mi impugnación a la nominación del abogado Ariel Lijo para juez de la Corte Suprema.
Se han planteado públicamente múltiples objeciones a la designación del juez Lijo como miembro de la Corte Suprema. Esas objeciones se relacionan con denuncias sobre manipulación de los tiempos procesales y paralización de las causas que tramitan ante el juzgado a su cargo, sospechas sobre su patrimonio, vínculos con operadores y lobbistas judiciales, dudas sobre conflictos de interés, sospechas de parcialidad hacia intereses económicos o políticos, además de otras vinculadas a su falta de especialización en el área de competencia de la Corte, la falta de antecedentes académicos relevantes.
Todas las situaciones y conductas denunciadas se relacionan con el problema mayor que afecta al juez Lijo: la falta de integridad.
La integridad de los jueces es central para generar confianza. Cuando la actuación de un juez -o de un candidato a juez- genera dudas sobre su permeabilidad a los intereses políticos o económicos; cuando su conducta y sus contactos generan sospechas de conflictos de interés; cuando hay repetidas denuncias públicas sobre irregularidades en el ejercicio de la función; cuando todo esto sucede, la integridad del juez se ve afectada y se desvanece. La confianza en su ecuanimidad, imparcialidad e independencia se desploman. La seguridad jurídica desaparece. Y sin seguridad jurídica, no hay garantía alguna para la vida, la libertad y los derechos de los ciudadanos. Sin seguridad jurídica no hay incentivo para las inversiones. Sin seguridad jurídica no hay crecimiento.
Sin seguridad jurídica campean la corrupción, la impunidad, los privilegios, las prebendas, los negociados.
El Senado tiene la palabra ahora.
Presentación ante el Senado 28-7-24
Presentación ante el Ministerio de Justicia 30-4-24
Caricatura de Alfredo Sabat, publicada en LN el 30-5-24
