La campaña electoral que ya está lanzada, aunque debería comenzar recién el 28 de abril, pone otra vez en el tapete el tema del origen de los fondos que financian la politica en nuestro país.
¿Quién financia a los partidos? ¿Quién está detrás de los candidatos? Conocer el origen de los fondos con que se pagan los gastos de campaña no es capricho de ciudadanos curiosos, sino un requisito esencial de la legítima competencia electoral. Saber quién financia una campaña puede decir mucho sobre la coherencia y la credibilidad de los candidatos; sobre los compromisos que asume y sobre la forma en que utilizará el poder que el electorado le asigne a través del voto; o sobre los intereses que representará en caso de ganar.
Desde 2002 la legislación es más estricta en cuanto a la rendición de cuentas y exige a los partidos que presenten información sobre el financiamiento de sus campañas antes y después de cada elección. Los partidos que incumplen con sus obligaciones de informar, así como aquellos que reciben donaciones prohibidas son pasibles de sanción, como por ejemplo la suspensión o pérdida del derecho a recibir fondos públicos. No es razonable que con el dinero de los impuestos de los ciudadanos se financie a partidos que no cumplen con las leyes.
El control que ejerce la Justicia Electoral es clave. Muchos partidos han sido sancionados por no cumplir adecuadamente con la rendición de cuentas. La Cámara Nacional Electoral ha desarrollado una importante labor en pro fe la transparencia y el control y ha facilitado los medios técnicos para hacer accesible a la ciudadanía la información sobre el financiamiento de las campañas. Fue gracias a la publicidad de los informes -que garantiza la Cámara Nacional Electoral- que pudimos conocer, por ejemplo, que los empresarios vinculados con el caso de la efedrina habían aportado a la campaña presidencial en 2007.
Los partidos políticos se van quedando sin justificación para no cumplir sus obligaciones. En efecto, la rendición de cuentas no es más complicada que la presentación de un balance. El problema no es técnico. Existe una tendencia a creer que el origen de los fondos y el monto de lo invertido en la campaña no son de incumbencia de los ciudadanos. Craso eror. No sólo porque la ley exige que se informe, sino porque facilitar esa información hace a la calidad de la democracia.
La falta de transparencia no sólo es culpa de los partidos, también quienes aportan fondos son reacios a que se los identifique. En ocasiones, porque temen represalias que puedan afectar sus intereses; en otros casos, porque no quieren que quede en evidencia el vínculo entre el dinero que aportan y los beneficios que ya han recibido o que aspiran a recibir.
En otros casos, el defecto en la rendición de cuentas tiene que ver con el abuso de los fondos del Estado, utilizados encubiertamente para financiar a los candidatos del oficialismo de turno. Esos fondos del Estado como «donante oculto» no sólo implican una malversasión de los fondos públicos, sino que introducen un elemento de desequilibrio en la competencia electoral. En efecto, las obligaciones y restricciones que establece la ley sólo juegan para los candidatos de la oposición, mientras los candidatos del oficialismo gastan más de los autorizado y reciben fondos que no aparecen en los balances.
También la ciudadanía tiene su parte de responsabilidad en la falta de transparencia sobre la relación dinero y política. Mientras los ciudadanos sigan votando a candidatos que no pueden justificar de dónde sacan los fondos para hacer campaña, o para solventar su estilo de vida; mientras los ciudadanos sigan votando a candidatos que utilizan impúdicamente los recursos, bienes y personal del Estado en beneficio de su campaña electoral o la de sus amigos y familiares; mientras la ciudadanía no haga uso del poder de su voto, los partidos y los candidatos seguirán jugando a las escondidas con los fondos que recaudan.
(Publicado en el diario La Gaceta, Tucumán, el 20 de abril de 2009)