La actividad parlamentaria de la última semana merece algunas reflexiones.
Los legisladores harían bien en leer lo que votan antes de votar. El 5 de Agosto la Cámara de Diputados aprobó, sobre tablas (sin despacho de Comisión), por 207 votos afirmativos una serie de proyectos de ley que declaran la emergencia agropecuaria en diversas zonas del país. Entre esos proyectos, se aprobó uno del Diputado De Narváez, presentado el 5 de Enero de 2009 (Expte. 6916-D-08). No se trataba, en consecuencia, de un proyecto presentado a último momento, ni que hubiera permanecido oculto. Tampoco era un proyecto de ley muy largo; sólo un par de carillas. El artículo 4 de dicho proyecto establecía la eliminación de las retenciones para algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y la rebaja de las retenciones al 50% en otras zonas. Tanto la eliminación como la rebaja de las retenciones tendrían vigencia durante el plazo fijado para el estado de desastre y de emergencia.
Cuando se produce la votación, no hay ninguna aclaración previa sobre modificación alguna en el texto del proyecto (Versión taquigráfica). Sin embargo cuando el proyecto llega al Senado, del proyecto de De Narváez había desaparecido el artículo 6 que creaba un Fondo Especial de Emergencia. ¿Los diputados votaron el artículo 6 y alguien lo hizo desaparecer después? Si se había eliminado antes de la votación ¿por qué no se aclaró cuál era el texto que se iba a votar? Nadie explica quién determinó la eliminación del artículo 6, ni cuándo se produjo esa eliminación.
En el proyecto que llegó al Senado, sí figuraba el artículo 4 que establece la modificación de las retenciones (Expte. CD-34/09). El texto estaba disponible, no era un secreto. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Senado en la sesión del 20 de Agosto pasado. Tampoco allí nadie dijo nada sobre la baja de las retenciones.
Cuando la prensa informó que el Congreso había sancionado un proyecto de ley modificando las retenciones en beneficio exclusivo de la provincia de Buenos Aires, los legisladores se enteraron de lo que habían votado. Y ahí empezaron las explicaciones.
El Diputado Rossi -Jefe del Bloque oficialista- dijo que fue un «descuido». El Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el Diputado Cantero, declaró «Fue un error de la parte administrativa de la Cámara de Diputados» (La Nación, 22 del Agosto). Llamativa respuesta de un diputado. Los que votan los proyectos son los legisladores, no los empleados administrativos. Los empleados administrativos -obviamente- no pueden cambiar el contenido de las votaciones. El Senador Pichetto -Jefe del Bloque oficialista- declaró que los senadores oficialistas conocían en contenido de la suspensión de las retenciones, pero que creían que era parte de una acuerdo entre oficialismo y oposición en Diputados, a cambio de algunos votos en el cuestionado proyecto de las delegaciones. Es dudoso que hayan sabido que estaban consagrando una eliminación o rebaja temporaria de las retenciones. Es dudoso porque con la sanción del Senado, el oficialismo ha colocado a la Presidenta en una difícil posición. Es dudoso porque la norma abiertamente contradice la férrea posición del oficialismo. Es dudoso porque el mismo día, en el debate de la prórroga de las delegaciones, los Senadores oficialista que abordaron la cuestión de las retenciones sostuvieron que las retenciones deben ser decididas por el Ejecutivo.
La explicación más creíble parecer ser que los legisladores no habían leído con atención el proyecto que estaban votando.
La decisión del Congreso enfrenta a la Sra de Kirchner a una disyuntiva: a) Promulga la ley y por lo tanto las retenciones quedan suspendidas y rebajadas; o b) veta ese artículo del proyecto. Si sigue la primera opción reconoce que se pueden bajar las retenciones, beneficia a una parte del campo y además consagra un tratamiento discriminatorio para los productores de otras provincias, igualmente afectados por la sequía pero que no gozan del beneficio (sólo previsto para una parte de la provincia de Buenos Aires). Si opta por vetar el artículo que consagra la suspensión y rebaja de las retenciones, tiene que pagar el costo político de rechazar una decisión del Congreso y agudiza su enfrentamiento con el campo.
Frente a la disyuntiva, el gobierno ha inventado una tercera opción. El Jefe de Gabinete y la Ministra de la Producción sostienen, según declaraciones a la prensa, que la norma es «inaplicable», porque está mal redactada. En consecuencia, proponen que la Presidente no la vete, pero tampoco la cumpla. Ingenioso. Esta solución termina en los estrados judiciales. Veremos qué decide la Presidenta.
Este episodio legislativo ha puesto también en evidencia que el Congreso puede en cualquier momento retomar las facultades delegadas. ¿Cómo? Dictando una ley a través de la cual ejerce la facultad. En efecto, el Congreso prorrogó una vez más las facultades delegadas antes de 1994, entre ellas las contempladas en el Código Aduanero, y al mismo tiempo ejerció la facultad de regular sobre los derechos de exportación de ciertos productos. La prórroga de la delegación por un año, no significa que la Presidenta Kirchner tenga en exclusiva la facultad de fijar las retenciones hasta el 24 de Agosto de 2010. En cualquier momento el Congreso puede retomar en todo o en parte la facultad delegada. Lo acaba de hacer.
Decíamos que es bueno que los legisladores lean lo que votan, antes de votar. También es bueno que lean lo que firman antes de firmar. La Senadora Latorre habilitó con su firma el tratamiento de la prórroga de las delegaciones el pasado 20 de Agosto en el Senado. ¿Por qué? Para tratar el proyecto ese día el oficialismo necesitaba contar con dictamen de comisión. El dictamen requiere por lo menos la firma de más de la mitad de los miembros de la Comisión. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene 15 miembros, es decir que hacen falta 8 firmas. La octava firma fue de la Senadora Latorre. Ella dice que había ya 8 firmas, aunque en el dictamen hay 8 con la suya. ¿Contó ella 8 firmas antes de estampar la suya? ¿Contó mal? ¿Si ya había 8 firmas, para qué firmó si estaba en total desacuerdo con el proyecto?
Un poco más de seriedad contribuiría a mejorar la calidad institucional.