Según los relatos históricos, en 1810 el pueblo se reunió frente al Cabildo con un reclamo: “El pueblo quiere saber de qué se trata”.
Un reclamo elemental: acceso a la información. Una condición básica de la república: la publicidad de los actos de gobierno.
200 años después, la ciudadanía sigue reclamando lo mismo y a pesar de la consagración constitucional del derecho de acceso a la información pública, de la ratificación de Tratados internacionales que lo contemplan y de la vigencia del decreto 1172/03 –dictado por el ex presidente Kirchner- la actual administración ha desandado el camino y restringe el acceso a la información de muchas maneras.
La manipulación de las estadísticas oficiales, a partir de 2007, fue un primer ataque directo al derecho a la información. El derecho a la información no se satisface con montañas de cifras, datos y documentos, sino con información veraz, accesible, comprensible y oportuna.
Luego hubo un intento por frenar la política de difusión de los informes de la Auditoría General de la Nación, a principios del 2009. Las ONGs y la oposición hicieron oír su voz y el intento fracasó.
A mediados de 2009, el gobierno apuntó directamente al organismo encargado de aplicar el Decreto 1172/03, primero intervino la página web donde aparecía la información, luego terminó aplicando un mecanismo similar al del Indec y desarticuló los mecanismos de seguimiento y control que estaban en marcha.
En 2010, la última novedad es que el Jefe de Gabinete de Ministros contesta los pedidos de acceso a la información sosteniendo que no se puede acceder a información sobre el manejo de los recursos públicos –de los que el gobierno no es dueño, sino simple administrador- porque son datos personales que hacen a la vida privada de aquellos que reciben esos recursos, sean contratistas, concesionarios o simples beneficiarios.
Curiosa interpretación la del Jefe de Gabinete. Veamos un ejemplo: el Estado contrata publicidad en los medios (la famosa pauta oficial) con recursos del presupuesto. Por supuesto que compra espacios en medios privados. Ese solo hecho, transforma la operación en dato de la vida privada exceptuado de la obligación de publicidad de los actos de gobierno.
Los recursos del Estado se usan para comprar bienes (desde guardapolvos y leche hasta medicamentos y aviones), para pagar sueldos a empleados, para dar subsidios a empresas, para entregar planes sociales, para pagar jubilaciones y pensiones. Según la interpretación del Jefe de Gabinete no podemos acceder a la información sobre cómo se están administrando esos recursos: todo hace a la vida privada de alguien –persona o empresa- que es la otra parte en esas relaciones jurídicas. Deberíamos recurrir, según el Jefe de Gabinete, a cada una de esas personas o empresas (sin saber con exactitud cuáles son) para pedir su consentimiento para que el gobierno nos informara sobre los recursos públicos que han recibido.
El gobierno olvida que como administrador y representante de la ciudadanía, debe rendir cuentas y para hacerlo debe facilitar la información, no como una concesión graciosa, sino como cumplimiento de un deber frente a los ciudadanos que le han otorgado un mandato.
En la actualidad, el derecho de acceso a la información pública requiere algo más que la previsión de un mecanismo burocrático y la garantía de un proceso judicial frente a la negativa injustificada. Las nuevas tecnologías permiten que la información sea accesible, sin necesidad de trámite alguno. Hoy acceso a la información es sinónimo de información en Internet en forma oportuna, completa y fácilmente accesible para cualquier interesado, disponible siempre y sin más costo que la conexión. De poco sirve Internet, si la información está desactualizada o directamente no es accesible.
El derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental para la transparencia y no un reclamo antojadizo producto de la mera curiosidad. Por el contrario, la transparencia y la circulación de la información son condiciones esenciales en la lucha contra la corrupción.
Sin acceso a la información no hay control posible. Y sin control, reina la impunidad y la discrecionalidad. Por eso, el pueblo quiere saber de qué se trata.
Publicado en EL ESTADISTA, Buenos Aires, 8 al 22 de Abril de 2010