La historia del constitucionalismo iberoamericano en estos doscientos años ha atravesado diversas etapas: la de las constituciones decimonónicas -que dieron fundamento y sostén a los nuevos Estados independientes-; la etapa del auge del constitucionalismo social, con la consagración de la democracia inclusiva; la etapa de la revalorización de la Constitución como garantía de libertad, con la recuperación del Estado de Derecho y la democracia, en los años 80. El tiempo transcurrido permite detectar esos momentos como tendencias compartidas por los países de la región.
Dicho esto en términos generales, es preciso reconocer que hay diferencias notorias entre países. Las diferencias surgen, sobre todo desde la práctica constitucional. Si sólo se observan los textos, la diferencia es cuestión de estilos y detalle. Pero la constitución no es sólo letra y papel. La constitución es también la forma en que sus normas se hacen –o no- realidad en la conducta de los actores políticos –dirigentes y ciudadanos-. En ese campo, las diferencias son cada vez más marcadas. Países como Chile, Méjico, Uruguay y Brasil parecen ajenos –al menos por ahora- a la tendencia a la trivialización del instrumento constitucional.
¿Qué caracteriza la etapa actual? La instrumentalización de las constituciones como herramientas de política pragmática y coyuntural. Dos elementos son prueba de ello y se retroalimentan. Por un lado, se advierte la continua modificación de los textos constitucionales al vaivén de las circunstancias políticas y las necesidades y apetencias de los líderes del momento. Por otra parte, se advierte una tendencia a la adopción de textos reglamentaristas que abandonan el modelo de los principios generales y las normas de base, para avanzar en los detalles. El reglamentarismo, a su vez, provoca la necesidad de –o proporciona la excusa para- la modificación constante de los textos.
El valor de la Constitución como norte, como pacto consensual básico y estable de la sociedad se pierde o desdibuja. Se puede escuchar a ministros decir “a quién le importa lo que dice la Constitución; es un papel viejo”. Se devalúa la función de la constitución en lo político y en lo jurídico.
Las modificaciones constitucionales, en muchos casos, son en realidad fundaciones de nueva planta de regímenes políticos diversos. Las nuevas constituciones o las reformas no son producto del debate reflexivo y el consenso, sino más bien la imposición del lider o la mayoría de turno.
El constitucionalismo surgió como un instrumento de control y limitación del poder. Esa función se va diluyendo en los países iberooamericanos de la primera década del siglo XXI. Los líderes circunstanciales modifican las constituciones en su beneficio, prolongando su permanencia en el poder y reforzando sus facultades. Todo ello, claro está, con el argumento de la modernización del Estado y la incorporación de nuevos derechos.
En la práctica, asistimos al reforzamiento del hiperpresidencialismo, la concentración de poder en el Ejecutivo, en desmedro del Congreso –el Poder Legislativo-, la consagración de mecanismos de ratificación plebiscitaria del poder –con tintes cesaristas- y una peligrosa tendencia a la perpetuación en el poder, a través de la eliminación del límite a las reelecciones. Todo parece conducir a aumentar la personalización del poder y reducir los límites y restricciones que actúan como barreras protectoras de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Por otra parte, también se defrauda en la actualidad el compromiso del constitucionalismo como garantía de los derechos. Los largos catálogos de derechos -de primera, segunda, tercera y enésima generación- son incorporados a los textos constitucionales como un tributo a la teoría constitucional, pero nadie los percibe como programa de acción colectiva, sino simplemente como discurso políticamente correcto.
Esta devaluación de las constituciones como cimiento sólido de la convivencia social, es uno de los factores que contribuye a la crisis de confianza en las instituciones que se advierte en la región. El Laltinobarómetro da cuenta de esta tendencia a la largo de los últimos años. Son precisamente las instituciones políticas las más afectadas por la desconfianza: los partidos políticos, el Congreso, el Ejecutivo, incluso el Poder Judicial.
La vanalización de las reglas constitucionales tiene que ver también con la percepción que la población tiene de la constitución, de su función y de su valor. Cabe preguntarse qué fue primero, la anomia de la sociedad o el quiebre reiterado del orden constitucional. Cualquiera sea la respuesta, lo cierto es que una de las asignaturas pendientes en la región es la construcción de un renovado consenso social, sobre los valores y principios que dan sustento y estabilidad a la organización política de la sociedad.
La consolidación de las democracias constitucionales requiere no sólo de la voluntad política de los dirigentes, es menester también que “la gente” se transforme en “ciudadanía”. Esa transformación exige una revalorización de las instituciones y de la constitución. Los ciudadanos deben percibir que la constitución es para todos y cada uno de ellos una garantía de libertad, igualdad, inclusión y tolerancia frente al poder. Si se logra, será el comienzo de una nueva etapa en el constitucionalismo iberoamericano.
RECHTSGESCHICHTE – Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Nº 16, 2010, Frankfurt (Alemania)
(HISTORIA DEL DERECHO – Revista del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho europeo)