El balance del año legislativo deja un saldo negativo, en gran medida debido a la desproporción entre las expectativas generadas por el no-oficialismo y su real capacidad de acción parlamentaria.
No se trata sólo de la baja en el promedio de leyes dictadas. La productividad de un Congreso no se mide sólo por ese parámetro. Se mide también por su eficiencia a la hora de controlar al Ejecutivo, por su respuesta a las preocupaciones y necesidades de la gente, por su capacidad de contribuir al prestigio social de las instituciones y por su aporte a la gobernabilidad respetando los principios de una república.
El Congreso podría haber dictado -como ha sucedido- menos leyes que en otros años, pero esas leyes podrían haber contribuido a mejorar la calidad institucional, evitar la concentración de poder en el Ejecutivo, garantizar la independencia de los jueces, fijar la forma en que se gastarán los recursos del país. No fue así. Se reactivó el trabajo en comisiones, lo que es un paso positivo, sin embargo no se tradujo en la generación de consensos eficientes en la producción legislativa. La lógica de la chicana reglamentaria estuvo a la orden del día también en ese ámbito parlamentario.
Tampoco se advirtió una mayor sintonía con la agenda de preocupaciones de la gente. La inseguridad sólo llegó recinto cuando estalló en la calle y no para dar lugar a un debate maduro, sino para escuchar los discursos de siempre y el pase de facturas recíproco. El sistema impositivo sigue siendo distorsivo en perjuicio de los que menos tienen. Los ciudadanos de las provincias se ven perjudicados por una coparticipación de impuestos que no responde a un proyecto de desarrollo equilibrado, sino a la voluntad clientelista del gobierno central. La inflación sólo fue tema para el «discursódromo», como la pobreza creciente, el desempleo, la desnutrición infantil.
En el mundo moderno, los congresos tienen esencialmente una función de control sobre la administración. Más allá de algunas formalidades, el control sigue siendo una asignatura pendiente en Argentina.
Las expectativas generadas por una integración más plural fueron defraudadas. El equilibrio inicial de fuerzas, sobre todo en Diputados, ofrecía la posibilidad para un debate más rico y la construcción de consensos que dejaran de lado la política oficialista de «no se toca una coma». No fue eso lo que sucedió. El debate se mantuvo en términos intransigentes. Aun más que antes, como ha quedado demostrado con el debate por el proyecto de ley de presupuesto 2011 que no se logró sancionar. No fue culpa sólo del oficialismo, sino también de los grupos de oposición que no lograron generar consensos y acordar posiciones efectivas.
El resultado de todo este escenario fue la transformación de la llamada «escribanía» -que aprobaba sin más los proyectos del Ejecutivo y clausuraba la discusión- en un «reñidero» en el que predominaron las rencillas internas, las luchas de poder, el vedettismo y por parte del no-oficialismo una notoria ausencia de estrategia parlamentaria.
Publicado en LA NACION, Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2010.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1329132