La influencia del crimen organizado y otras actividades ilícitas en la política es una preocupación recurrente en muchos países ante el riesgo que representa para la calidad del proceso democrático y el peligro que implica la captura del Estado por parte de estos sectores.
Una de las vías de acceso al poder por parte de estos grupos es el financiamiento de las campañas. La estrategia de los carteles ha cambiado desde los 90 hasta nuestros días. Colombia fue el terreno de experimentación de una estrategia de captura que se concentró en los altos niveles; algunos jefes de los carteles se postularon y fueron electos diputados nacionales y los narcodólares financiaron incluso la campaña presidencial.
En la actualidad, los grupos del crimen organizado han focalizado su acción a nivel de las elecciones locales. Varios motivos explican este cambio. En primer lugar, el crimen organizado requiere una base territorial segura para desenvolver sus actividades. Asegurar el control de la política local les permite garantizar su dominio territorial. Por otro lado, financiar campañas a nivel local resulta más barato que financiar campañas nacionales. Otro elemento favorable a la nueva estrategia es el relativo al control del financiamiento que es más difícil por la dispersión territorial. En los países con sistemas federales, además, la competencia sobre la regulación de las campañas puede no ser nacional, sino depender de normas provinciales, departamentales o municipales. En muchos casos, incluso, puede que ni siquiera existan reglas.
El ingreso de dinero del crimen organizado presenta desafíos nuevos que no pueden enfrentarse con las soluciones clásicas. La prohibición de algunos aportes del sector privado legal puede operar con efecto disuasivo -aunque muchas veces se transforma en un incentivo para el ocultamiento de los aportes que siguen fluyendo a las arcas de los partidos-. Sin embargo, el efecto disuasorio de la prohibición es nulo frente a quienes hacen de la ilegalidad la esencia de su negocio.
Un aspecto que merece ser tenido en cuenta al analizar la influencia del dinero ilegal es el tipo de favores que se esperan a cambio. Cuando una empresa financia una campaña puede que espere a cambio contratos, licencias, algunos cargos, privilegios y beneficios. Estas compensaciones son evidentes y exponen al gobernante ante la opinión pública.
Lo que el crimen organizado u otras fuentes vinculadas con actividades ilícitas esperan a cambio de las contribuciones de campañas es la inacción del Estado, su ineficacia, la pasividad de las autoridades, la ausencia de control. En síntesis, lo que compran a cambio de aportes de campaña es protección; que los dejen en paz. Estas contraprestaciones son mucho más fáciles de justificar y disimular por parte de las autoridades. Se escuchará -ya escuchamos- a los funcionarios decir: «Estamos haciendo todos los esfuerzos del caso para controlar el tráfico de drogas, efedrina, personas, etc. pero no tenemos suficientes recursos», o «Tenemos recursos limitados, por lo tanto priorizamos el gasto en salud, escuelas, infraestructura. De todas formas el crimen organizado no es una amenaza aún en nuestro país».
En un país de Centroamérica, me contaban por ejemplo que en algunos cruces fronterizos no hay personal suficiente para cubrir las 24 horas; en consecuencia a las 10 de la noche, el guardia se va a dormir y deja levantada la barrera. Suena bastante parecido a la historia de los radares de control aéreo en la frontera argentina ¿No?
El fenómeno del crimen organizado es un fenómeno global y controlar el financiamiento político de ese origen requiere una respuesta coordinada. Primero entre las distintas autoridades del país; el órgano electoral necesita independencia, capacidad y competencia para llevar adelante su tarea y no puede hacerlo en soledad. Es indispensable que cruce información con las autoridades impositivas, las encargadas de la supervisión de bancos y las unidades de control de lavado de dinero. Y estas agencias deben coordinar su labor a nivel internacional; muchas veces la evidencia del origen ilegal de los fondos de campaña estará en otros países.
El problema es todo un desafío, sobre todo en países como el nuestro donde estamos a escasos tres meses de la elección presidencial y la jueza encargada del control del financiamiento de las campañas presidenciales a pesar de todas las irregularidades detectadas -incluida la Mafia de los Medicamentos- no ha podido aún dictaminar sobre la cuentas de la campaña Kirchner-Cobos de 2007.
Publicado en EL ESTADISTA, Nº 33, Buenos Aires, 9 al 22 de Junio de 2011