A raíz de la Malvinización de la agenda pública llevada adelante con éxito por el gobierno nacional en los últimos meses, hemos escuchado hasta el hartazgo en boca de oficialistas y opositores el concepto de «políticas de Estado».
Las políticas de Estado son una variedad de las políticas públicas que se caracterizan por estar sustentadas en acuerdos transpartidarios de largo plazo. Estos acuerdos permiten esencialmente la continuidad de las políticas a lo largo del tiempo, sin importar qué partido gana las elecciones o quién tiene la mayoría en el Congreso. Ello es así porque hay un objetivo común que cuenta con una legitimidad social de base y hay acuerdos sobre qué línea de acción llevar adelante con vistas al logro de ese objetivo de largo plazo.
La trascendencia y perdurabilidad de las políticas de Estado surgen de ciertos consensos básicos logrados a través del diálogo con todas las fuerzas políticas. Las decisiones unilaterales no construyen políticas de Estado.
Las políticas de Estado -en aquellos países que las tienen- se construyen en torno a temas que la sociedad ha marcado como centrales para su desarrollo. En algunos países, la educación, en otros, la política exterior o la política energética.
Pero una cosa es que la importancia de un tema o un objetivo sea compartida por una gran porción de la sociedad y por las fuerzas políticas y otra es que se construya una política de Estado. El consenso en cuanto a un tema tampoco significa un acuerdo en cuanto a las prioridades del momento. Para una gran mayoría de los argentinos las Malvinas son argentinas, eso no significa que esa sea la prioridad de la ciudadanía hoy, donde temas como la inseguridad o la inflación ocupan un lugar mucho más importante.
Argentina no se caracteriza por tener políticas de Estado. Las políticas públicas son erráticas. Los gobiernos tienen vocación fundacional y empiezan por criticar la herencia recibida y deshacer lo hecho por los antecesores, muchas veces sin siquiera realizar una mínima evaluación de los resultados.
Malvinas es un tema de la agenda nacional, cuya importancia es compartida por una gran mayoría de la población sin distinción de clase o color político. Esa convergencia se vio reflejada en la reforma constitucional de 1994 que incorporó una cláusula transitoria en la que se ratifica la soberanía sobre Malvinas y se establece que la recuperación de esos territorios es un «objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». Hasta ahí el acuerdo sobre el fondo.
Las políticas de Estado son las acciones que se llevan adelante en torno a un objetivo compartido por la sociedad -lo que algunos denominan una «causa nacional»- y en el campo de las acciones la Argentina no ha mostrado mucha continuidad después de 1982. La política exterior argentina en materia de Malvinas ha variado en estilo y orientación. Esas variaciones son la demostración más palpable de que no hay una auténtica política de Estado. Antes bien, lo que se observa es un intento de cada administración de anotarse en solitario el mérito de un logro que, en estas cuestiones, no se consigue de la noche a la mañana.
La ampliación de la lista de invitados a los monólogos presidenciales por cadena oficial -o a los viajes presidenciales- no transforma una decisión del gobierno en política de Estado. La aceptación de esas invitaciones por parte de la oposición tampoco transforma un anuncio en una política de Estado, por más aplausos opositores que muestren las cámaras de televisión.
Si de aplausos de los dirigentes opositores se tratara, podríamos llegar a la conclusión de que el aumento del 100% en las dietas de los Diputados y Senadores es una política de Estado, pues la decisión de Boudou y Dominguez ha sido recibida con gran beneplácito, coincidencia y alegría por los legisladores de las oposiciones. Sería un error.
Publicado en EL ESTADISTA, Buenos Aires, Nº 50, 16 de febrero de 2012