La república implica la vigencia de mecanismos de control que a un tiempo apuntan a evitar la concentración y abuso del poder y a corregir los desvíos en la gestión de los recursos del Estado. Esos mecanismos de control actúan como frenos institucionales. Y ya se sabe qué pasa cuando los frenos no funcionan.
Para que el sistema de control del sector público sea eficiente se requieren, entre otras, tres condiciones esenciales: independencia, capacidad y competencia. En Argentina esas condiciones brillan por su ausencia. Organismos como la Sindicatura General y la Oficina Anticorrupción dependen directamente del gobierno de turno al que deben controlar. La Auditoria General es un órgano colegiado, presidido por la oposición, pero con mayoría oficialista y sujeto al control de la Comisión Mixta del Congreso -también con mayoría oficialista. Los organismos de control de los servicios públicos, como la CNRT que debe controlar el transporte ferroviario, han sido intervenidos y están a cargo de personas vinculadas a las empresas que deben controlar y nombrados a sola firma por el Poder Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo está vacante y desmovilizada. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas está paralizada. El Congreso ha desertado de su función de control al Ejecutivo. Y la independencia del Poder Judicial -al menos en el fuero federal- deja mucho que desear.
El cambio del sistema de control previo por el de control posterior de la gestión pública estuvo orientado a agilizar la toma de decisiones. Pero para que el control posterior sea efectivo es indispensable que sea rápido y que produzca cambios cuando se detecten errores o problemas. Tampoco esto funciona en Argentina. Los informes de la AGN -que en materia de transporte ferroviario ya hace 4 años señalaban los problemas que dieron pie a la tragedia de Once- no garantizan ninguna acción efectiva por parte de las autoridades para corregir las falencias detectadas. A lo sumo, en el Congreso, los informes dan pie a un par de pedidos de informe al Ejecutivo que, las más de las veces, ni siquiera son respondidos. Nada en la ley autoriza a la AGN a imponer correcciones o pedir sanciones para los funcionarios que hagan oídos sordos a las advertencias.
La diligencia mostrada por los legisladores -oficialistas y opositores- para dar un inoportuno paseo por Ushuaia con el objetivo de firmar una declaración inocua sobre Malvinas no es la misma que han mostrado a lo largo de los años para corregir las falencias del sistema de control en nuestro país. El tema debería ser prioritario en la agenda parlamentaria.
El poder concentrado también implica la concentración de las responsabilidades. Parece que no lo entiende así la Presidenta. El gobierno trató rápidamente de cargar las culpas de la tragedia al maquinista, a la empresa y en un alarde de insensatez -por no decir algo más fuerte- trató de descargar responsabilidades en las propias víctimas, por su cultura de viajar en los primeros vagones para llegar rápido a trabajar o subirse en «sitios vedados» pero abiertos y no resguardados.
La falta de controles eficientes facilita la corrupción y las negociaciones incompatibles con la función pública; garantiza un ambiente propicio para la arbitrariedad, la discrecionalidad y el abuso de poder, y permite que los dineros públicos se dilapiden y malgasten.
La situación se complica aún más cuando no sólo fallan los controles institucionalizados, sino que la integridad personal y la ética pública son meros adornos del autorretrato que forma parte del relato oficial y no un imperativo de conducta de los funcionarios.
La investigación judicial -si es seria- determinará si el 22 de Febrero fallaron los frenos de la formación de trenes. Que los frenos institucionales y éticos no funcionan en Argentina ha sido confirmado una vez más.
Publicado en EL ESTADISTA, Nº 51, Buenos Aires, del 1 al 14 de Marzo de 2012