Aunque creo que las declaraciones del Senador Aníbal Fernández han sido lamentables y poco ayudan al gobierno del que forma parte, le reconozco el derecho de hablar.
Nada menos que el Ministro del Interior ha dicho que «hablar del dólar Blue es delito». ¿En qué país vive? En Argentina, al menos hasta hoy, hablar no era delito. Discrepo con Fernández, pero tiene derecho a hablar. Igual que todos nosotros.
El problema no es hablar del Blue, lo que puede ser delictivo es lo que habría hecho el SuperSecretario Moreno negociando el precio del dólar paralelo con quienes supuestamente están cometiendo una infracción al régimen cambiario. El gobierno primero lanza las brigadas caninas a oler carteras y bolsillos en la Calle Florida, pone restricciones ilegales al derecho de propiedad, crea barreras para-legales a la libertad de salir del país y luego negocia con los arbolitos.
En los últimos quince días, el autoritarismo y la discrecionalidad del gobierno se ha desbocado. No se trata sólo del establecimiento de restricciones ilegales sobre nuestras libertades, esas limitaciones son además absolutamente irracionales y discrecionales. Nadie sabe a qué atenerse. En mi última nota para El Estadista, advertía que por la vía de las restricciones ilegales a la compra del dólar se estaba avanzando peligrosamente sobre los derechos de los ciudadanos y que llegaríamos a tener que pedir permiso para comprar una casa, viajar o hablar. Dos semanas le han bastado al gobierno para concretar aquellos atropellos.
Sr. Ministro del Interior, hablar del Blue no es delito. Tampoco lo es hablar de ninguno de los problemas nacionales que el gobierno trata de ocultar a través de los relatos de la presidenta, la manipulación de las estadísticas oficiales, la restricción de la información pública. ¿Quién le ha dado autoridad -Sr. Ministro- para tipificar el delito de la palabra? ¿De qué otras cosas no podemos hablar porque el gobierno lo considera delito? ¿Cuáles son las sanciones que piensa Ud. aplicar? En democracia -Ministro- el silencio no es salud.
«Vamos por todo» no es un principio compatible con la democracia. La discrecionalidad no es consistente con la república. La arbitrariedad es peligrosa para los derechos y libertades. Ahora tenemos un gobierno que nos dice de qué podemos hablar. El Ministro del Interior siguió en la misma línea de la segunda de Moreno quien hace unos días les dijo a los empresarios que no tenían que hablar de las restricciones a las importaciones.
Es evidente que el gobierno insiste en la línea de que no hablemos de algunas cosas. El Boletín Oficial debería incorporar una nueva sección: ¿De qué no se puede hablar? El listado de los «temas delictivos» contribuiría a darnos un poco de certeza por aquello de que no hay delito sin ley previa. Claro que esa garantía prevista en la Constitución ha sido ahora reformulada por el gobierno: ya no hace falta una ley que tipifique una conducta como delito. La ley ha sido reemplazada -como en otros ámbitos- por la decisión y el relato del gobierno.
Algunos dirán que lo del Ministro fue una metáfora y que mis temores son exagerados. Les convendría recordar las denuncias penales del gobierno contra los economistas y periodistas que hablaban de la inflación.
Si atendemos a los discursos y silencios de los funcionarios podríamos hacer un listado aproximado de los temas «delictivos»: la inseguridad, la corrupción, la tragedia de Once, la inflación, la pobreza, la manipulación de las cifras del Indec, la cotización del dólar, las restricciones a las importaciones, los mensajitos de los teléfonos de algunos legisladores, las vinculaciones del vicepresidente, el financiamiento de la campaña de 2007 y la mafia de los medicamentos … Tal parece que es un listado bastante largo.
El problema es que los listados de temas prohibidos o delictivos son propios de regímenes autoritarios. En la democracia, se puede hablar libremente.
(Esta nota fue escrita el lunes 4 de Junio, luego de las declaraciones del Senador Fernández y la reacción del Ministro del Interior -hoy del Interior y Transporte-, para un medio que decidió no publicarla)