El Consejo de la Magistratura. La «democratización» de la Justicia anunciada por la presidenta apunta al corazón mismo de la democracia: la división de poderes, la independencia de los jueces, poder limitado. Pero además implica el desconocimiento del principio esencial de la democracia: los representantes son electos por los representados.
La elección -esencia de la democracia- es el mecanismo para garantizar que exista el vínculo de representación. ¿Quién elige a los Senadores por Córdoba? ¿Los catamarqueños? ¿Los porteños? No; los ciudadanos cordobeses. ¿Quién elige al presidente argentino? ¿Los españoles, los italianos, los iraníes, los venezolanos? No; los ciudadanos argentinos. Los representados eligen a sus representantes. Sólo así su origen es legítimo.
La Constitución en su artículo 114 es clara. El Consejo de la Magistratura está compuesto por «la representación» de los legisladores -elegidos por el Congreso-, del Poder Ejecutivo -elegido por la presidenta- y también de los jueces y de los abogados. ¿Quién debe elegir a esos representantes? Cada uno de esos sectores. De lo contrario no habría tal representación.
Con el criterio sugerido por la presidenta podríamos simplificar y abaratar mucho el proceso electoral en nuestro país. Bastaría que ella eligiera a los representantes de todos los sectores y para todos los cargos, porque ella está legitimada por el voto popular. ¿Para qué elegir diputados y senadores y gobernadores e intendentes?. Si no es necesario que los representados elijan a sus representantes, bastaría que la presidenta los eligiera. Si así fuera, serían todos ilegítimos y no representarían a nadie más que a la presidenta.
La propuesta -que sólo busca la domesticación de los jueces, último límite al arbitrio absoluto del poder- no es democrática porque atenta contra el principio de representación y es inconstitucional porque viola el artículo 114 de la Constitución.
A pesar de todo eso, es muy posible que la propuesta se transforme en ley. Para ello se necesita la mayoría absoluta de los miembros en ambas cámaras. No es extraño que se consiga esa mayoría en un congreso que acaba de votar con obediencia debida el Pacto K-Irán y lo ha transformado -sin vergüenza alguna- en una ley de rango superior a toda la legislación argentina.
Y una vez que la elección popular de los «representantes» de jueces y abogados sea ley, surgirán otros problemas. ¿Tendrán que ser candidatos de los partidos? ¿Surgirán de internas abiertas? ¿Irán como una parte más de las boletas sábanas? ¿Se elegirán en simultáneo con la elección general? ¿Harán campaña? ¿Quién los financiará? ¿Cuál será independencia de los jueces cuando tengan que fallar mientras están haciendo campaña para conseguir el voto de las partes en un proceso? Muchos interrogantes para una sola respuesta: el control político del poder judicial.
Las medidas cautelares. El otro anuncio de la presidenta con relación a la Justicia -presentado como una forma de represalia contra los jueces- es la eliminación de las medidas cautelares contra el Estado en casos de defensa de intereses «meramente patrimoniales o individuales».
No hay que olvidar que fueron precisamente las medidas cautelares y los amparos las herramientas judiciales a través de las cuales muchos ciudadanos lograron defender sus ahorros frente al Corralito, al Corralón y otros atropellos ideados por los gobernantes de turno. Si se elimina esa garantía ¿qué sucederá la próxima vez que un gobierno decida quedarse con los ahorros de los ciudadanos? La medida no afectará a los jueces, sino a los ciudadanos de a pie frente a un poder que no reconoce límites.
El enemigo: la Justicia. El enemigo elegido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el año 2013 tiene una particularidad: es un enemigo que no puede defenderse.
Esa es la gran diferencia con los enemigos anteriores: el campo, algunos periodistas, Cobos, los economistas, los medios, los fondos buitres. Todos ellos podían defenderse; podían contrarrestar los argumentos, relatos y medidas de la presidenta y además tenían la Justicia como instancia de garantía.
Los jueces en general y la Corte Suprema en particular -los enemigos del 2013- no podrán cuestionar las medidas propuestas por la presidenta, ni debatirlas. Si lo hacen estarán adelantando opinión y serán recusados cuando alguien del mismo sector pretenda cuestionar la legitimidad o constitucionalidad de esas medidas.