Con sorpresa leí las declaraciones del presidente de Poder Ciudadano sobre la manipulación de las cifras del INDEC y la corrupción.
En el reportaje al Lic. Daniel Arroyo -publicado en el suplemento Enfoques de La Nación- se destaca desde la primera línea su pertenencia a Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano es una organización que acredita 25 años de trabajo por el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones republicanas. La lucha contra de la corrupción es uno de los ejes de trabajo de la organización que propicia el control y la rendición de cuentas en la función pública, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia como valor central de la democracia.
En este contexto sorprenden las declaraciones del presidente de Poder Ciudadano.
El periodista Pablo Sirven le pregunta: «Al engañar y autoengañarse con el INDEC, el gobierno ¿no enmascara los problemas? «
Responde Arroyo: «Es un tema de imagen que en un momento tuvo que ver con la indexación de los bonos. Pero no veo que sea influyente a la hora de diseñar políticas públicas.«
Me permito discrepar. Manipular las estadísticas oficiales no es «un tema de imagen», sino una violación de los principios esenciales del buen gobierno. Al manipular la cifras del INDEC el gobierno no sólo oculta sino que tergiversa información pública a la que los ciudadanos tienen derecho. La manipulación de las estadísticas oficiales es una violación lisa y llana del principio de transparencia en la gestión pública.
También resulta llamativo que el presidente de Poder Ciudadano justifique la manipulación de las cifras oficiales con el tema de la indexación de los bonos de deuda pública. Alterar la cifra real por la cual aquellos bonos debían actualizarse implica un engaño a los tenedores de bonos que, sin duda, afecta la confianza en los títulos públicos, viola los compromisos contractuales asumidos por el país y puede incluso llegar a constituir un ilícito.
Creo que también se equivoca Arroyo cuando dice que las cifras dibujadas del INDEC no influyen en el diseño de políticas públicas. Si las autoridades están convencidas de que la inflación es del 10% (como dijo el Ministro que se quiere ir), o que se puede comer por $ 6 al día, dudo mucho que adviertan los problemas que afectan a la Argentina y que tomen las medidas necesarias para solucionarlos. La situación económica actual parece demostrar que las decisiones políticas que se adoptan tienen poco que ver con políticas públicas de calidad.
También resulta llamativa la respuesta del presidente de Poder Ciudadano a la pregunta sobre «¿Cómo incide en la pobreza la corrupción?». Responde Arroyo: «No tengo idea de cuánto altera la corrupción los presupuestos…»
La vinculación corrupción/pobreza está hoy fuera de discusión en el mundo. Así los sostienen, entre otras, las investigaciones del Basel Institute on Governance, el Banco Mundial y Transparency International.
Los recursos que se malversan en obras públicas que sólo favorecen a empresarios amigos, en licitaciones amañadas, en las que se sospechan sobreprecios y facturaciones truchas, para realizar obras de dudosa utilidad, son aquellos que no se destinan a paliar los problemas sociales, mejorar de verdad los hospitales, construir viviendas dignas, favorecer la creación de fuentes de trabajo genuinas, etc. El dinero que se utilizó para construir la pista de aterrizaje en Anillaco en los ’90, o el «Camino a Ninguna Parte» en la provincia de Santa Cruz en esta década, el dinero público que termina en bóvedas privadas, o viajando por el mundo por kilos -según las últimas denuncias- es dinero que no se aplicó a mejorar las condiciones de vida de la gente; es el dinero que falta para realizar las inversiones necesarias para disminuir los niveles de pobreza.
Lo que está en juego en Argentina no es una «cuestión de imagen». Nada más lejos de la realidad, lamentablemente.