Dos noticias han ocupado el centro de la atención pública argentina hoy.
Fiscalía de Investigaciones Administrativas: Hundida!
En primer lugar la renuncia del Fiscal de Investigaciones Administrativas, el Dr. Manuel Garrido. El Dr. Garrido tiene una trayectoria intachable en la lucha contra la corrupción. No sólo es un especialista en el tema, sino que tiene una característica personal indispensable para esta lucha: su coraje cívico. Pero la lucha contra la corrupción y la plena vigencia de los mecanismos de control republicanos no pueden depender sólo del valor, el coraje y el cormpromiso de algunas personas, sino que requieren instituciones sólidas y respeto de esas instituciones.
Nuestro país vive momentos peligrosos desde ese punto de vista. La renuncia de Garrido es el colofón de una serie contínua de actos que -aún bajo el ropaje de la legalidad- apuntaban a restringir su marco de acción, a obstaculizar su labor de investigación. A pesar de esos obstáculos el Dr. Garrido investigó la manipulación de las cifras del INDEC, la bolsa con dinero en el baño de la Ministra Felisa Michelli, el patrimonio del matrimonio Kirchner, las coimas de Skanska, los sobreprecios en el tendido eléctrico en Santa Cruz y decenas de casos. En Noviembre pasado, en uso de sus facultades, el Procurador General dictó una resolución que por vía interpretativa restringía aún más las posibilidades de acción del único Fiscal de Investigaciones Administrativas en el orden nacional. El episodio marcó definitivamente el destino de la Fiscalía. El Dr. Garrido no podía ser parte en la destrucción de uno de los pocos órganos de control independientes que quedaban.
La desarticulación de la Fiscalía no es un hecho aislado. Debe ser visto en el contexto de una voluntad manifiesta del oficialismo de copar los órganos de control. La Auditoría General de la Nación fue escenario hace apenas quince días, de un intento similar para reducir la capacidad de acción del Presidente del organismo, último resabio de independencia en un cuerpo colegiado en el que el oficialismo tiene mayoría. Antes había sido la limitación de la iniciativa en la Oficina Anticorrupción que, salvo por el intento de algunos de sus funcionarios, es evidente que no puede controlar al gobierno porque depende de uno de sus ministros, el Ministro de Justicia. Antes de eso fue el copamiento del Consejo de la Magistratura a través de la modificación de su integración, frente al unánime repudio de las organzaciones de la sociedad civil, los juristas y la oposición en pleno.
No hay control, sin independencia del organismo que controla. En Argentina, van quedando pocos espacios de control efectivo. Entre ellos, destacamos al Defensor del Pueblo de la Nación, el Dr. Mondino.
La Fecha de las Elecciones
Como si esto fuera poco, pasado el mediodía, la presidenta Kirchner anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para modificar las reglas de la competencia electoral. En 2004, se había aprobado una ley que establecía que las elecciones para autoridades nacionales se celebran el 4º domingo del mes de Octubre del año correspondiente. Esa ley apuntaba al objetivo de sacar la fecha de la elección del margen de discrecionalidad del presidente de turno, o del partido de gobierno. Ya no habría especulación, ni margen para manipular las elecciones en beneficio personal o partidario. ¿Quién fue el autor del proyecto, aprobado en diciembre de 2004? El entonces presidente Kirchner.
Otra vez, asistimos a la manipulación de la fecha de las elecciones por otro presidente Kirchner. Al gobierno le conviene adelantar la elección -que se presenta sin duda complicada- ya que los efectos de la Crisis del Jazz, a pesar de los pronósticos presidenciales, sí afecta a nuestro país y es previsible que para octubre los efectos de la crisis económica habrán golpeado de lleno en la sociedad argentina, con la consecuente pérdida de votos para el oficialismo. La jugada también puede deberse al intento de evitar que se consoliden las corrientes opositoras. En ambos casos, es la conveniencia del gobierno de turno la que impulsa la medida.
Hace un par de días el ex-presidente Kirchner dijo que adelantar las elecciones era señal de debilidad. Claro eso se aplica a los otros. Cuando el gobierno Kirchner adelanta las elecciones debe ser señal de fortaleza.
El oficialismo ha manifestado públicamente que quiere aprobar la ley en tiempo récord. Para ello deberá conseguir no sólo quórum, sino también 2/3 de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas, sin debate en comisión. Y después de habilitado el tratamiento necesitará la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.
Es probable que lo logre. Quedará así de manifiesto una vez más lo que entiende la presidenta por fortalecimiento de las instituciones. Lamentable!