El siguiente artículo fue eliminado por «manos anónimas» de mi página web.
Es evidente que algunos intentan acallar a los que defendemos los valores de la república.
El compromiso con esos valores me impulsa a insistir.
Aqui va nuevamente el artículo que eliminaron y que fue publicado en EL ESTADISTA, del 26 de Abril de 2012.

El Estado de Derecho es un sistema donde todos -gobernantes y gobernados- estamos sometidos al imperio de la ley. Este principio es esencial en las democracias. Nos sometemos a las leyes, para no quedar sujetos a la voluntad del poderoso de turno. El Estado de Derecho nos garantiza, cuando es respetado, que sabemos a qué atenernos; que todos somos iguales ante la ley; que si alguien avasalla nuestros derechos, la justicia los garantizará; que nadie -por más votos que haya obtenido- estará por encima de la ley, o tendrá la suma del poder público.

El Estado de Derecho es, en suma, una garantía de nuestros derechos, de nuestra libertad, de nuestra propiedad. Si la ley no tiene valor, si la Constitución no es respetada, lo que está en juego son nuestros derechos, los de todos.

Lamentablemente, en Argentina dos factores han contribuido al deterioro del Estado de Derecho. Por un lado, la anomia generalizada de una sociedad que no valora la ley, que menosprecia el respeto a las normas -desde las reglas de tránsito hasta la Constitución- y ensalza la violación de la ley como una forma «viveza», o una picardía, o la avala con el argumento de que el fin justifica los medios. El segundo factor es la concepción hegemónica del poder que concentra las decisiones, no reconoce restricciones institucionales y percibe los límites y controles como obstáculos irracionales.

En el proceso de expropiación de YPF se ve reflejado ese deterioro del Estado de Derecho.

La Constitución establece que la expropiación es una medida autorizada con dos condiciones: declaración por ley y pago previo de indemnización. Estas reglas no las escribió el Constituyente en 1853 para proteger a Repsol. Están en la Constitución como una garantía para la propiedad de todos. Supongamos que el Estado decide expropiar su casa -Sr. Lector- pero antes de ni siquiera enviar el proyecto de ley al congreso, o de iniciar el proceso para determinar el valor a pagar, manda a un grupo de funcionarios a su casa y lo expulsa. ¿Aplaudiría Ud.? ¿Aplaudirían los legisladores de la oposición, si fueran los dueños? ¿Dirían, como dicen hoy: «las formas no son las correctas, pero apoyamos el fondo»?

En el Estado de Derecho, el fin no justifica la violación de la ley. La intervención decidida por la presidenta a través de un DNU es una violación del Estado de Derecho. Los DNU son mecanismos excepcionales con los cuales el Ejecutivo hace algo que normalmente sólo puede hacer el Congreso: dictar leyes. Pero la Constitución no autoriza al Presidente a asumir las funciones del Poder Judicial y la intervención de una empresa privada (de cualquier empresa privada) es una facultad de los jueces. ¿O deberíamos decir «era»?

Otra forma de deterioro del Estado de Derecho en Argentina es la eliminación paulatina, pero constante, de los límites y los controles al poder. En el Estado de Derecho, el poder no es absoluto. Los funcionarios están sometidos a límites, restricciones y controles. El patrimonio y los recursos del Estado no son propiedad personal de los poderosos de turno (ni de sus familiares y amigos). Por eso el uso de los recursos públicos y las decisiones que los afectan están sometidas a un control especial.

El proyecto de ley de expropiación de YPF específicamente excluye el control de la Auditoría General y del resto de los organismos de control del Estado. Otro atropello a la ley. La Auditoría General tiene constitucionalmente la atribución de controlar el manejo de los recursos públicos. Y la Ley de Administración Financiera del Estado establece que están sometidas al control las «sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria … y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias». ¿No será precisamente esa la situación de YPF después de la expropiación? ¿Será que la indemnización por YPF no se pagará con recursos públicos? ¿Será que el Estado no pondrá un sólo centavo en YPF? ¿Será que las acciones expropiadas de YPF no serán del Estado? ¿Y si no son del Estado, de quién serán?

Otra característica del deterioro del Estado de Derecho es la utilización de la ley como un discurso políticamente correcto, sólo como un relato para disimular la realidad. El artículo 10 del proyecto de expropiación es un buen ejemplo. Se presenta como una forma de consolidar una especie de política de Estado a largo plazo y de restaurar la confianza y la seguridad jurídica. Se establece «que se encuentra prohibida la transferencia futura de [las acciones expropiadas] sin autorización del H. CONGRESO DE LA NACIÓN votada por las dos terceras partes de sus miembros». La misma mayoría necesaria para reformar la Constitución, nada más y nada menos. La norma parece una garantía de estabilidad o la forma de impedir que, en el futuro, un gobierno -de otro color político, o del mismo, para ser realistas- cambie la situación de YPF. Sin embargo, lo que no se dice es que ese requisito se puede eliminar por una ley aprobada por simple mayoría, o por un expeditivo DNU del presidente de turno. Y luego, ya no se requerirán los dos tercios y probablemente tampoco se requiera una ley para vender las acciones. Puro doble discurso normativo.

Pero el mencionado artículo 10 del proyecto, de aprobarse como está, tiene también otra consecuencia. El 49% de las acciones expropiadas será de las provincias petroleras. ¿Las provincias serán dueñas de acciones que no podrán transferir sin una ley del Congreso de la Nación, aprobada con una mayoría especial y sujeta al veto del Presidente de la Nación? ¿No viola esto la autonomía provincial, eje del federalismo establecido en la Constitución?

Cuando el poder no respeta la ley, el Estado de Derecho se deteriora. Y tarde o temprano, los que están en peligro no son los derechos de los otros, sino los derechos y libertades de todos nosotros.