Las encuestas pre-electorales se han transformado en nuestro país en una herramienta más del marketing de los candidatos. Confiados en que es posible instalar la sensación de que hay un resultado casi seguro, los equipos de campaña difunden encuestas en que los candidatos van ganando, o mantienen una tendencia ascendente o polarizan con otro candidato descartando las posibilidades de terceros candidatos.
No hay prueba de que instalando esa sensación se modifique el voto de la ciudadanía, pero es una apuesta más de la estrategia de campaña.
La historia electoral reciente da cuenta de muchos casos en que las encuestas pre-electorales vaticinaban un resultado y la urnas determinaron un resultado muy distinto. Para muestra basta recordar el fracaso de las encuestas en las últimas elecciones en el Reino Unido y el resonante error de las encuestas de opinión electoral que antecedieron a la segunda vuelta en la elección porteña.
Las encuestas y los encuestadores han perdido credibilidad. Los encuestadores se justifican esgrimiendo errores técnicos o que el resultado estaba en el margen de error o que los consultados mienten al responder. Una buena parte de la ciudadanía sospecha que en realidad los números están directamente manipulados a favor de quien paga o contrata la encuesta.
Como recuerda la Acordada Extraordinaria 189 de la Cámara Nacional Electoral, la legislación argentina ya abordó la cuestión estableciendo una serie de obligaciones para quienes dan a conocer encuestas electorales. Se estableció un Registro en el que se pueden consultar datos sobre la metodología utilizada, el tamaño de la muestra y quien contrató el trabajo. El Registro existe. Aparentemente no todos los que se dedican a las encuestas pre-electorales se han registrado. ¿Alguien utiliza esa información? ¿Alguien consulta el registro?
La Cámara Electoral se dirige al Congreso para que revise el régimen y lo dote de «medios adecuados y procedimientos efectivos tendientes a su correcta observancia». ¿Sanciones más duras? ¿Normas procesales más ágiles? ¿Más facultades a los jueces electorales? La ley ya establece la obligación del registro, el contenido de la información, la sanción por incumplimiento. También se prevé la prohibición de publicación de encuestas durante el período de veda electoral y la prohibición de publicación de resultados de las «boca de urna» hasta pasadas tres horas del cierre de los comicios. ¿Ampliar esos plazos cambiaría la situación?
¿Podría una ley evitar que se manipulen las encuestas como herramienta de marketing? Realmente no lo creo.
La confianza en la seriedad de las encuestas no se gana a fuerza de sanciones, ni de más regulación. La credibilidad se construye sobre la seriedad y profesionalidad del trabajo. No creo que una ley pueda corregir el desprestigio.
Publicado en CLARIN, Buenos Aires, 1 de Agosto de 2015
http://www.clarin.com/politica/encuestas_electorales_0_1404459632.html