La muerte de otro empresario vinculado a la venta de fármacos vuelve a poner el tema del financiamiento de la campaña presidencial de 2007 en las páginas de Policiales de los medios argentinos.
En efecto, así como uno de los empresarios asesinados en General Rodríguez había aportado a la campaña de la Presidenta $ 200.000, la empresa Unifarma -vinculada al Sr. Adrian Villán que se habría suicidado el domingo pasado- hizo también un aporte a la campaña del Frente para la Victoria por 160.000 Pesos. Todo esto surge del informe final del financiamiento de la campaña presentado a la Justicia Electoral por el propio Frente para la Victoria. (Ver link al informe, en mi comentario anterior «Dime quién te financia y …»)
Esos aportes no son ilegales de acuerdo a la ley 26.215. No hay prohibición de recibir aportes de «proveedores» del Estado. Sí están prohibidos, en cambio, los aportes de «empresas concesionarias» de obras o servicios públicos.
Las legislación que regula el financiamiento de las campañas es, en la mayoría de los países, sometida a constantes revisiones. La secuencia es Escándalo – Ley – Escándalo – Ley. Los crímenes que acaparan hoy la atención de los medios en Argentina han puesto una luz de alarma en la relación dinero-política. Probablemente haya que incorporar algunas nuevas prohibiciones en la ley de financiamiento. Habrá que estudiarlo.
Se podrían prohibir, por ejemplo, los aportes de personas o empresas que hayan sido condenadas por lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas o delitos contra la salud pública. Se podrían prohibir los aportes de personas o empresas proveedoras del Estado.
La clave, sin embargo, no reside tanto en las prohibiciones que pueda imponer la ley, sino en los controles que realice la Justicia y en la transparencia que nos permita saber quién está detrás de los candidatos.
La corrupción ligada al financiamiento de las campañas no se vincula sólo con los aportes prohibidos. Puede haber aportes -como los que se discuten hoy en Argentina- que no sean ilegales y que encubran vínculos dudosos entre funcionarios y aportantes. Puede suceder también que quienes figuran como aportantes, sean sólo «fachadas» que cubran a los verdaderos aportantes. La Justicia Electoral es la encargada de controlar los aportes y controlar no se limita a ver que las cuentas cierren.
Ver más información en la nota de Daniel Santoro en Clarín
http://www.clarin.com/diario/2008/08/27/elpais/p-01747114.htm